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MARI MARI KOM PUCHE · IORANA KORUA· KAMISARAKI

Medidas a consultar



A 25 años de la promulgación de la Ley Indígena, aun cuando ésta ha permitido importantes avances, han quedado al descubierto una serie de falencias que son necesarias de corregir, las cuales han sido levantadas por los propios miembros de los pueblos indígenas. Los conflictos por tierras continúan y las personas pertenecientes a pueblos indígenas del país viven en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad que la población no indígena.

Permitir que las comunidades indígenas, sin eliminar las actuales alternativas, reciban sus tierras ya subdivididas con títulos individuales de dominio para sus miembros, y aquellas que ya son titulares de tierras indígenas puedan dividir total o parcialmente su título común. Para ello, la mayoría absoluta de la comunidad tendrá que aprobar la división. Además, las comunidades podrán recibir o mantener una parte del inmueble bajo propiedad comunitaria, cuando así lo estimen conveniente.

La propuesta tiene como finalidad que las tierras indígenas comunitarias que provienen del Fondo de Tierras de Conadi; puedan ser divididas total o parcialmente. Para efectuar la división de las mencionadas tierras se requerirá de un quorum de aprobación de un 50% + 1.

Es importante indicar que actualmente se permite la división de tierras comunitarias en la ley indígena a través de su artículo 16 pero solamente en las tierras indígenas provenientes de un título de merced. El quorum para solicitar esta división del predio es un 50%+1.

Se propone otorgar la posibilidad de que los titulares de derechos reales de uso y de goce en tierra indígena puedan obtener el dominio de aquella parte de los terrenos donde ejercen su derechos y en los que han construido sus casas, realizado mejoras o materializado ciertos emprendimientos, según lo establecido en el DL 2.695 del Ministerio de Bienes Nacionales que fija las normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.

Diversas interpretaciones de la Contraloría General de la República han señalado que no se permite regularizar bajo esa norma derechos reales de uso en tierras indígenas, por lo que, una vez llegado el término de este derecho, los titulares no tienen como salvaguardar su casa-habitación u otras obras ejecutadas en dicho espacio de terreno.

Se hace presente que la Contraloría General de la República ha dictaminado recientemente que las tierras indígenas, ya sean individuales o comunitarias, pueden ser saneadas conforme al procedimiento de Bienes Nacionales del DL 2695, en este sentido, se posibilita que aquellas personas que detenten un derecho real de uso o de goce en tierra indígena puedan sanearlo por este procedimiento, previa resciliacion del respectivo derecho. Sin embargo, esta interpretación ha sido diferente en el pasado. La modificación que se somete a consulta permitirá justamente establecer en la ley lo interpretado por la Contraloría, evitando futuras interpretaciones diversas.

Permitir que las tierras indígenas se puedan subdividir respetando la superficie mínima que actualmente se le permite a cualquier predio no indígena. En este sentido, las tierras indígenas que actualmente pueden dividirse en lotes mínimos de 3 hectáreas podrán hacerlo conforme a las reglas generales de subdivisión predial.

Actualmente un predio indígena sólo puede ser subdividido en lotes mínimos de 3 hectáreas. Con la medida propuesta, la subdivisión se podría realizar en lotes mínimos de 0,5 hectáreas o lo que en el futuro se establezca como normativa general.

Con este cambio se refuerzan los derechos de los propietarios de tierras indígenas, otorgándoles flexibilidad para dividir sus predios de acuerdo con sus necesidades con el nuevo mínimo ya señalado.

Esta medida tiene por objeto disminuir de 25 a 5 años el plazo de la prohibición de enajenar entre indígenas que hoy establece la Ley Indígena para tierras adquiridas con fondos de Conadi. En este sentido, tanto las personas como las comunidades indígenas podrán transferir solo a otras personas del mismo pueblo, en un plazo sustancialmente menor si así lo desean.

El cambio propuesto permitirá igualar el plazo de esta prohibición con el plazo máximo de 5 años de prohibición que afectan a las propiedades adquiridas a través del Estado.

La propuesta en esta materia consiste en crear una reglamentación que regule los procesos de permuta de tierra indígena, estableciendo con claridad y precisión las condiciones en que se deben realizar estos acuerdos para que puedan ser autorizados por Conadi. La ley actual sólo regula que la permuta de tierra indígena debe ser por tierra de similar valor comercial debidamente acreditado. Actualmente el procedimiento de la permuta se encuentra regulado en un instructivo interno contenido en una resolución exenta de CONADI.

La nueva normativa buscará establecer criterios y requisitos que debe cumplir una permuta para ser autorizada, lo anterior con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica y celeridad en su procedimiento. A raíz de lo anterior, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Al menos la misma superficie que el terreno permutado.
  • Si existen diferencias de valor entre los predios permutados, la parte del precio que se pague en dinero no puede superar el 50% del valor de la cosa permutada, condición que es propia de un contrato de permuta.

Actualmente, las tierras indígenas individuales se pueden arrendar, dar en comodato o ceder a terceros en uso, goce o administración por un plazo de 5 años como máximo. Se propondrá dar la posibilidad para que todas las tierras indígenas, individuales o comunitarias, puedan ser arrendadas, dadas en comodato o cedidas a terceros en uso, goce y administración, agregando la mediería como contrato permitido, sin que aquéllas dejen de ser indígenas. Además, se propondrá que todos estos contratos en tierras indígenas se puedan celebrar por un plazo máximo de 25 años.

Para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones en estos procesos, las oficinas de Conadi u otros organismos propios de los pueblos indígenas podrán asesorar al contratante indígena en la revisión y suscripción de estos contratos si es que así lo requiere. Junto con ello, se exigirá que los contratos se realicen por escritura pública y que el notario que los autorice deba enviar copia de estos para un registro público de estos contratos que llevará Conadi. Adicionalmente, el contratante indígena unilateralmente podrá optar por no perseverar en el contrato suscrito dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del contrato en el registro público que deberá llevar la Conadi.

Para la solución de problemas de tierras indígenas se propone establecer mecanismos compensatorios alternativos adicionales y voluntarios a la compra de tierras tal como lo han hecho otros países reconocidos por sus buenos resultados en política indígena. Se permitirá compensar entregando todo o parte de la tierra reclamada a través de beneficios alternativos a aquellas. La elección de las medidas compensatorias quedará sujeta a la voluntad de cada familia beneficiaria, que sea parte de la respectiva comunidad

Hoy, muchos de los beneficiarios de los Fondos de Tierras de Conadi (20 letra b), experimentan dificultades para encontrar propiedades a la venta en las condiciones requeridas y en sus territorios de origen. En este sentido, esta medida permitirá facilitar y acelerar las soluciones a los problemas de tierras.

Países exitosos en su política indígena han resuelto problemas de tierras a través de diversas fórmulas de reparación. El caso neozelandés por ejemplo, considera la entrega de tierras cuando ello sea posible, pero incluye la posibilidad de compensaciones monetarias. Así también, tal como establece el Convenio 169 de la OIT en su artículo 16 respecto al traslado de comunidades indígenas, en lo referente a la imposibilidad de retornar a su lugar de origen, si los interesados prefieren recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

En materia de acceso a los beneficios asociados a la calidad de indígena, se somete a consulta la posibilidad de establecer distinciones entre quienes pueden acceder a ellos, diferenciando a las personas acreditadas con calidad indígena por letras a) y b) del artículo 2° (por sangre) por un lado y por otro a las personas acreditadas con calidad indígena conforme a lo dispuesto en el artículo 2° letra c). Los beneficios ya otorgados por el Estado en virtud de la calidad indígena, en cualquiera de los tres casos, se mantendrán.

En este sentido, es importante tener presente que respecto del pueblo Rapa Nui desde el año 1998 la ley indígena reconoce como personas pertenecientes al Pueblo Rapa Nui solamente a las personas que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) o b) del artículo 2° de la ley N° 19.253.

La ley actualmente permite la constitución de comunidades si cumplen con una de las siguientes hipótesis: provenir de un mismo tronco familiar, reconocer una jefatura tradicional, poseer o haber poseído tierras en común, o provenir de un mismo poblado antiguo. A su vez, se exige para su constitución a lo menos un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a ella, no pudiendo ser inferior a 10 miembros mayores de edad.

Con el objetivo de fortalecer la conformación de nuevas comunidades indígenas, se propondrá que la creación de una comunidad indígena requiera de antecedentes fundados que permitan acreditar el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos en la ley. A su vez, ingresada la solicitud de inscripción, CONADI deberá elaborar un informe que permita acreditar sociológica y jurídicamente los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la ley 19.253. Además, se propondrá aumentar el mínimo de miembros mayores de edad para la constitución de comunidades.

Actualmente la Ley Indígena en su artículo 36 establece que para constituir una Asociación Indígena se requiere de al menos 25 personas indígenas para su constitución. Se propondrá permitir la constitución de asociaciones indígenas con al menos 2 personas indígenas con el fin de propiciar la Asociatividad indígena y conseguir un mayor desarrollo mancomunado en distintas iniciativas.

Actualmente, el Fondo de Desarrollo Indígena de Conadi otorga financiamiento por medio de subsidios, créditos y capitalización a personas naturales o comunidades indígenas. Sin embargo, la ley deja sin acceso a estos recursos a las asociaciones indígenas que son agrupaciones compuestas solamente por personas indígenas que se reúnen en función de un interés común en materia educacional o cultural, profesional o económica. Más aún, son precisamente estas asociaciones las que impulsan proyectos de desarrollo en beneficio de sus integrantes y de las comunidades a las que pertenecen.

Por lo antes señalado, se propone incorporar como beneficiarios del Fondo de Desarrollo a las asociaciones indígenas para que puedan postular a los recursos que se otorgan por esta vía y a cualquier otro incentivo productivo que exista o se cree para beneficio de los indígenas.

Un buen diálogo

trae buenos acuerdos.